Luis Mardones, ex diputado de Coalición Canaria en el Congreso nacional, ha sido llamado a declarar el próximo día 14 por el juzgado de primera instancia número 5 de Santa Cruz en relación con unas declaraciones suyas sobre el asesinato del estudiante Javier Fernández Quesada en la Universidad de La Laguna, hace 30 años.
La demanda partió del letrado de la Confederación Canaria de Trabajadores (CNT), Miguel Ángel Díaz Palarea, quien cree que Mardones pudo haber incurrido en un delito de calumnias al dar a entender que el disparo que acabó con la vida de este joven grancanario pudo partir de un francotirador relacionado con los sectores en lucha durante aquellas movilizaciones.
Mardones declaró el pasado 29 de enero a Radio Club Tenerife, además, que no quedó probado que los disparos de la Guardia Civil fueran los causantes de la muerte de Fernández Quedada y que "se hizo todo lo posible" por investigar el caso. Hay que recordar que el político retirado era aquel 12 de diciembre de 1977 gobernador civil de la provincia tinerfeña y responsable de los cuerpos de seguridad del Estado, y también que incomprensiblemente ni el proceso judicial, ni el militar, ni la comisión parlamentaria que investigaron los hechos resolvieron las responsabilidades penales, dejando impune al autor o autores.
Miguel Ángel Díaz Palarea, que participó activamente en aquellas movilizaciones, ha denunciado que él y familiares del estudiante asesinado "están recibiendo presiones de todo tipo" para cerrar cualquier puerta a la reapertura del caso, el fin que persigue este abogado tinerfeño. Recordó "las enormes dificultades" que le han puesto para obtener la declaración de Luis Mardones, así como la negativa de las autoridades civiles y militares a entregarle toda la documentación concerniente a este caso que archivó la justicia castrense en su momento.
El último obstáculo vino de la delegación del Gobierno en Canarias. En una respuesta a Díaz Palarea con fecha del pasado 23 de abril, la Abogacía del Estado le deniega el acceso a cualquier documento relacionado con el caso Quesada, incluso aunque existiera plena cobertura legal para ello, "por no acreditar el solicitante un interés legítimo y directo, no bastando el mero anuncio de ejercitar las acciones penales oportunas en relación a estos hechos". Los otros argumentos para impedir que Palarea tenga acceso a un expediente que fue desclasificado hace muy poco son que se trata de "datos que afectan a la seguridad del Estado, al menos todos los que contienen referencias nominativas a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", que "afectan a la averiguación de los delitos" y que "afectan a la initimidad de las personas a que se refieren".
El representante de la CNT se tropezó semanas antes con un impedimento parecido cuando el Tribunal Togado Militar respondió negativamente a un escrito en el que reclamaba que "para poder ejercer las acciones oportunas contra los autores de los delitos y demás responsables del asesinato de Javier Fernández Quesada, y de los delitos de lesiones producidas en otras personas, ocurridos el día de la Huelga General del 12 de diciembre de 1977 en la Universidad de La Laguna, se facilite testimonio íntegro de la causa nº 200 de 1977, instruida por el Juzgado Militar de la Capitanía General de Canarias, así como los nombres y direcciones de los agentes de la guardia civil y el coronel actuante".
El Tribunal basó la denegación en que "los posibles delitos que motivaron la incoación de la citada causa estarían prescritos". Palarea cree, por contra, que la reapertura es "absolutamente factible" e interpreta que hay "maniobras" con las que "se quiere frenar" cualquier intento de juzgar unos hechos en los que quedó probado que los guardias civiles fueron los únicos que dispararon. El abogado advirtió que agotará todas las opciones "para acabar con la impunidad".
La demanda partió del letrado de la Confederación Canaria de Trabajadores (CNT), Miguel Ángel Díaz Palarea, quien cree que Mardones pudo haber incurrido en un delito de calumnias al dar a entender que el disparo que acabó con la vida de este joven grancanario pudo partir de un francotirador relacionado con los sectores en lucha durante aquellas movilizaciones.
Mardones declaró el pasado 29 de enero a Radio Club Tenerife, además, que no quedó probado que los disparos de la Guardia Civil fueran los causantes de la muerte de Fernández Quedada y que "se hizo todo lo posible" por investigar el caso. Hay que recordar que el político retirado era aquel 12 de diciembre de 1977 gobernador civil de la provincia tinerfeña y responsable de los cuerpos de seguridad del Estado, y también que incomprensiblemente ni el proceso judicial, ni el militar, ni la comisión parlamentaria que investigaron los hechos resolvieron las responsabilidades penales, dejando impune al autor o autores.
Miguel Ángel Díaz Palarea, que participó activamente en aquellas movilizaciones, ha denunciado que él y familiares del estudiante asesinado "están recibiendo presiones de todo tipo" para cerrar cualquier puerta a la reapertura del caso, el fin que persigue este abogado tinerfeño. Recordó "las enormes dificultades" que le han puesto para obtener la declaración de Luis Mardones, así como la negativa de las autoridades civiles y militares a entregarle toda la documentación concerniente a este caso que archivó la justicia castrense en su momento.
El último obstáculo vino de la delegación del Gobierno en Canarias. En una respuesta a Díaz Palarea con fecha del pasado 23 de abril, la Abogacía del Estado le deniega el acceso a cualquier documento relacionado con el caso Quesada, incluso aunque existiera plena cobertura legal para ello, "por no acreditar el solicitante un interés legítimo y directo, no bastando el mero anuncio de ejercitar las acciones penales oportunas en relación a estos hechos". Los otros argumentos para impedir que Palarea tenga acceso a un expediente que fue desclasificado hace muy poco son que se trata de "datos que afectan a la seguridad del Estado, al menos todos los que contienen referencias nominativas a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", que "afectan a la averiguación de los delitos" y que "afectan a la initimidad de las personas a que se refieren".
El representante de la CNT se tropezó semanas antes con un impedimento parecido cuando el Tribunal Togado Militar respondió negativamente a un escrito en el que reclamaba que "para poder ejercer las acciones oportunas contra los autores de los delitos y demás responsables del asesinato de Javier Fernández Quesada, y de los delitos de lesiones producidas en otras personas, ocurridos el día de la Huelga General del 12 de diciembre de 1977 en la Universidad de La Laguna, se facilite testimonio íntegro de la causa nº 200 de 1977, instruida por el Juzgado Militar de la Capitanía General de Canarias, así como los nombres y direcciones de los agentes de la guardia civil y el coronel actuante".
El Tribunal basó la denegación en que "los posibles delitos que motivaron la incoación de la citada causa estarían prescritos". Palarea cree, por contra, que la reapertura es "absolutamente factible" e interpreta que hay "maniobras" con las que "se quiere frenar" cualquier intento de juzgar unos hechos en los que quedó probado que los guardias civiles fueron los únicos que dispararon. El abogado advirtió que agotará todas las opciones "para acabar con la impunidad".
Fuente: La Opinión de Tenerife
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