El Ayuntamiento de Granadilla ha ingresado ya de forma oficial en el bando de los oponentes a la construcción de un puerto industrial en la costa chasnera, tal y como reflejan las alegaciones que ha presentado contra la modificación del Plan de Utilización de Espacios Portuarios en Granadilla y, en concreto, contra la operatividad, eficiencia y viabilidad de ese puerto.
Como era de esperar desde que dos acérrimos opositores al puerto de Granadilla como los ecologistas de Sí se Puede y los nacionalistas de la actual alcaldesa Carmen Nieves Gaspar cerraron un pacto de gobierno con el PP y exiliaron al PSC a la oposición, el Ayuntamiento chasnero ha roto con su apoyo a ultranza de esa infraestructura portuaria y ha empezado a bombardear la construcción de ese puerto.
Esta primera embestida oficial ha sido formalizada ante la Autoridad Portuaria con el contundente informe desfavorable que ha emitido el Ayuntamiento en contra del documento del Plan de Utilización de los Espacios Portuarios del Puerto de Granadilla. Tal informe concluye que la tramitación de ese plan "debe retrotraerse" al "momento procedimental previo en que se incurrió en los defectos esenciales advertidos", subraya que la tramitación realizada vulnera varias leyes y enfatiza que el puerto previsto "pudiera devenir injustificado" al estar en entredicho su operatividad, eficiencia, su idoneidad, viabilidad medioambiental e, incluso, su interés público.
El consistorio advierte que al comparar el primitivo Plan de Utilización del Puerto con el que ahora se ha expuesto al público, "se observa con claridad, al contrario de lo expresado por la Autoridad Portuaria, que nos encontramos ante una modificación sustancial" dado que en las zonas de uso portuario "se produce una alteración en la zonificación de los usos superior al 15 por ciento sobre la delimitación originaria". Y destaca que ese error conlleva que la tramitación del citado Plan "es absolutamente irregular por vulneración del procedimiento legalmente establecido".
Como ejemplo de las repercusiones de esa vulneración, expone que "estas modificaciones sustanciales pueden suponer una afección directa a la justificación misma de la citada infraestructura", lo cual "obliga a revisar desde el inicio y con los informes preceptivos de toda modificación sustancial" introducida "para poder informar a las administraciones implicadas sobre la idoneidad" del Plan.
Sobre la operatividad del puerto, el Ayuntamiento reseña que en función de las objeciones que ha establecido la Comisión Europea sobre el puerto inicialmente previsto "puede afirmarse que esta reducción no podrá ser coyuntural o transitoria". Y recuerda que la magnitud de esos cambios ha supuesto que se reduzcan de manera significativa la terminal de contenedores, la zona destinada a mercancía general, la zona de usos portuarios complementarios, así como que desaparezca el área polivalente, la reducción "drástica" de usos esenciales como el de fondeo en parte del sector Sur del puerto y la eliminación de una parte del sector sur.
Sobre los cambios en los usos, el informe municipal remarca que el Gobierno canario había expresado a la administración estatal que las longitudes mínimas requeridas técnicamente para permitir las maniobras de parada, reviro y atraque de buques porta-contenedores y para que funcione como Terminal de descarga de gas licuado "es de 1.200 metros de muelle de ribera y 1.990 metros del dique exterior".
Por lo que señala que en sintonía con tal exigencia técnica, ahora que el puerto se ha tenido que reducir por cuestiones ambientales a 650 metros de muelle de ribera y 1690 metros de dique exterior, "dejará de ser operativo" para aquellos usos que al parecer fueron piezas esenciales en la concepción del plan, "por lo que pudiera devenir injustificado el puerto previsto".
Además, señala que "la imposibilidad" de ampliar zonas de servicios portuarios diseñado en el PUEP por afectar Lugares de Interés Comunitario (LIC), flora amenazada o espacios naturales protegidos, "supone una directa contradicción al principio de eficiencia de un puerto de las características pretendidas, dado que es imposible entender que pueda resultar eficiente un puerto que no pueda ampliarse".
Como era de esperar desde que dos acérrimos opositores al puerto de Granadilla como los ecologistas de Sí se Puede y los nacionalistas de la actual alcaldesa Carmen Nieves Gaspar cerraron un pacto de gobierno con el PP y exiliaron al PSC a la oposición, el Ayuntamiento chasnero ha roto con su apoyo a ultranza de esa infraestructura portuaria y ha empezado a bombardear la construcción de ese puerto.
Esta primera embestida oficial ha sido formalizada ante la Autoridad Portuaria con el contundente informe desfavorable que ha emitido el Ayuntamiento en contra del documento del Plan de Utilización de los Espacios Portuarios del Puerto de Granadilla. Tal informe concluye que la tramitación de ese plan "debe retrotraerse" al "momento procedimental previo en que se incurrió en los defectos esenciales advertidos", subraya que la tramitación realizada vulnera varias leyes y enfatiza que el puerto previsto "pudiera devenir injustificado" al estar en entredicho su operatividad, eficiencia, su idoneidad, viabilidad medioambiental e, incluso, su interés público.
El consistorio advierte que al comparar el primitivo Plan de Utilización del Puerto con el que ahora se ha expuesto al público, "se observa con claridad, al contrario de lo expresado por la Autoridad Portuaria, que nos encontramos ante una modificación sustancial" dado que en las zonas de uso portuario "se produce una alteración en la zonificación de los usos superior al 15 por ciento sobre la delimitación originaria". Y destaca que ese error conlleva que la tramitación del citado Plan "es absolutamente irregular por vulneración del procedimiento legalmente establecido".
Como ejemplo de las repercusiones de esa vulneración, expone que "estas modificaciones sustanciales pueden suponer una afección directa a la justificación misma de la citada infraestructura", lo cual "obliga a revisar desde el inicio y con los informes preceptivos de toda modificación sustancial" introducida "para poder informar a las administraciones implicadas sobre la idoneidad" del Plan.
Sobre la operatividad del puerto, el Ayuntamiento reseña que en función de las objeciones que ha establecido la Comisión Europea sobre el puerto inicialmente previsto "puede afirmarse que esta reducción no podrá ser coyuntural o transitoria". Y recuerda que la magnitud de esos cambios ha supuesto que se reduzcan de manera significativa la terminal de contenedores, la zona destinada a mercancía general, la zona de usos portuarios complementarios, así como que desaparezca el área polivalente, la reducción "drástica" de usos esenciales como el de fondeo en parte del sector Sur del puerto y la eliminación de una parte del sector sur.
Sobre los cambios en los usos, el informe municipal remarca que el Gobierno canario había expresado a la administración estatal que las longitudes mínimas requeridas técnicamente para permitir las maniobras de parada, reviro y atraque de buques porta-contenedores y para que funcione como Terminal de descarga de gas licuado "es de 1.200 metros de muelle de ribera y 1.990 metros del dique exterior".
Por lo que señala que en sintonía con tal exigencia técnica, ahora que el puerto se ha tenido que reducir por cuestiones ambientales a 650 metros de muelle de ribera y 1690 metros de dique exterior, "dejará de ser operativo" para aquellos usos que al parecer fueron piezas esenciales en la concepción del plan, "por lo que pudiera devenir injustificado el puerto previsto".
Además, señala que "la imposibilidad" de ampliar zonas de servicios portuarios diseñado en el PUEP por afectar Lugares de Interés Comunitario (LIC), flora amenazada o espacios naturales protegidos, "supone una directa contradicción al principio de eficiencia de un puerto de las características pretendidas, dado que es imposible entender que pueda resultar eficiente un puerto que no pueda ampliarse".
Fuente: La Opinión de Tenerife
No hay comentarios:
Publicar un comentario