El asesinato del estudiante Javier Fernández Quesada en la entrada de la Universidad de La Laguna, en 1977, ha entrado finalmente en la llamada Ley de la Memoria Histórica gracias a una modificación extraordinaria introducida recientemente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Así lo confirmaron ayer a este diario fuentes del Gobierno central, que especificaron que el mismo presidente José Luis Rodríguez Zapatero se interesó por el caso y solicitó que se efectuaran los cambios oportunos para que la muerte del joven grancanario, que tenía 21 años cuando cayó abatido por un disparo, no quedara fuera de las medidas de reparación recogidas por el citado marco normativo.
Tal y como se redactó originalmente la Ley de la Memoria Histórica, el caso de Fernández Quesada quedó excluido por tan sólo 77 días, el tiempo transcurrido entre el tope marcado por la Ley para las reparaciones (6 de octubre de 1977) y la fecha del asesinato (12 de diciembre de 1977), tal y como adelantó La Opinión de Tenerife en varios reportajes publicados en 2006. Una vez que se conoció este detalle, fueron varios los intentos, vía enmienda, para modificar las fechas. El último de ellos se produjo el 11 de diciembre del año pasado, cuando el PSOE presentó una iniciativa en la Comisión de Justicia del Senado, que fue rechazada por el PP.
Tras este fracaso, el socialista tinerfeño Julio Pérez, secretario de Estado de Justicia, que se tomó el caso Quesada casi como un asunto personal, prometió que se intentaría de nuevo por la vía de los Presupuestos Generales del Estado. Y así ha ocurrido. La disposición final aprobada, a la que ha tenido acceso este periódico, recoge: "Con efectos de 1 de enero de 2009 y vigencia indefinida, se modifican el título y el apartado 1 del artículo 10 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, que quedan redactados en los siguientes términos: Artículo 10. Reconocimiento a favor de las personas fallecidas en defensa de la democracia durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1977".
Con este cambio, el asesinato del estudiante durante una jornada de movilizaciones sindicales, reprimida con fuego real por la Guardia Civil en el campus central de la Universidad de La Laguna, podrá acogerse a las medidas de reparación previstas por la Ley de la Memoria Histórica, entre otras la de que su familia pueda cobrar los 135.000 euros de indemnización. "Era una cuenta pendiente y la hemos resuelto como habíamos prometido. El mismo presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, y el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, habían insistido en varios ocasiones en que la muerte del joven quedara amparada por la Ley de la Memoria Histórica", confirmaron las fuentes estatales, que detallaron que la noticia había sido comunicada ayer mismo a la novia en aquel entonces de Javier Fernández Quesada, Susana Apolinario.
Colectivos sociales y políticos habían expresado su indignación porque el caso Quesada quedara condenado al olvido. A partir de ahora, por lo menos, ha quedado resuelto el vacío de la Ley de la Memoria Histórica sobre un asesinato cuyos responsables nunca fueron juzgados.
¿Y la calle en La Laguna?
El pasado 14 de diciembre de 2006, sólo dos días después de que se cumpliera el 29 aniversario del asesinato de Javier Fernández Quesada y un mes después de que La Opinión de Tenerife descubriera que su muerte se iba a quedar fuera de las medidas de reparación de la Ley de la Memoria Histórica, el pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprobaba una moción, impulsada por Intersindical Canaria, por la que se instaba al grupo de gobierno a denominar una calle o plaza del municipio con el nombre del estudiante de Biología. Dos años después, no se ha sabido nada más de aquella moción, el Ayuntamiento no ha mostrado el menor interés por respetar aquel acuerdo plenario y Aguere sigue sin la calle o plaza Javier Fernández Quesada. Tampoco se ha sabido a ciencia cierta quién lo asesinó durante la carga de la Guardia Civil con fuego real contra los huelguistas que acababan de abandonar una asamblea en el campus central de la Universidad. El caso se archivó y nunca hubo proceso penal.
Tal y como se redactó originalmente la Ley de la Memoria Histórica, el caso de Fernández Quesada quedó excluido por tan sólo 77 días, el tiempo transcurrido entre el tope marcado por la Ley para las reparaciones (6 de octubre de 1977) y la fecha del asesinato (12 de diciembre de 1977), tal y como adelantó La Opinión de Tenerife en varios reportajes publicados en 2006. Una vez que se conoció este detalle, fueron varios los intentos, vía enmienda, para modificar las fechas. El último de ellos se produjo el 11 de diciembre del año pasado, cuando el PSOE presentó una iniciativa en la Comisión de Justicia del Senado, que fue rechazada por el PP.
Tras este fracaso, el socialista tinerfeño Julio Pérez, secretario de Estado de Justicia, que se tomó el caso Quesada casi como un asunto personal, prometió que se intentaría de nuevo por la vía de los Presupuestos Generales del Estado. Y así ha ocurrido. La disposición final aprobada, a la que ha tenido acceso este periódico, recoge: "Con efectos de 1 de enero de 2009 y vigencia indefinida, se modifican el título y el apartado 1 del artículo 10 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, que quedan redactados en los siguientes términos: Artículo 10. Reconocimiento a favor de las personas fallecidas en defensa de la democracia durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1977".
Con este cambio, el asesinato del estudiante durante una jornada de movilizaciones sindicales, reprimida con fuego real por la Guardia Civil en el campus central de la Universidad de La Laguna, podrá acogerse a las medidas de reparación previstas por la Ley de la Memoria Histórica, entre otras la de que su familia pueda cobrar los 135.000 euros de indemnización. "Era una cuenta pendiente y la hemos resuelto como habíamos prometido. El mismo presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, y el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, habían insistido en varios ocasiones en que la muerte del joven quedara amparada por la Ley de la Memoria Histórica", confirmaron las fuentes estatales, que detallaron que la noticia había sido comunicada ayer mismo a la novia en aquel entonces de Javier Fernández Quesada, Susana Apolinario.
Colectivos sociales y políticos habían expresado su indignación porque el caso Quesada quedara condenado al olvido. A partir de ahora, por lo menos, ha quedado resuelto el vacío de la Ley de la Memoria Histórica sobre un asesinato cuyos responsables nunca fueron juzgados.
¿Y la calle en La Laguna?
El pasado 14 de diciembre de 2006, sólo dos días después de que se cumpliera el 29 aniversario del asesinato de Javier Fernández Quesada y un mes después de que La Opinión de Tenerife descubriera que su muerte se iba a quedar fuera de las medidas de reparación de la Ley de la Memoria Histórica, el pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprobaba una moción, impulsada por Intersindical Canaria, por la que se instaba al grupo de gobierno a denominar una calle o plaza del municipio con el nombre del estudiante de Biología. Dos años después, no se ha sabido nada más de aquella moción, el Ayuntamiento no ha mostrado el menor interés por respetar aquel acuerdo plenario y Aguere sigue sin la calle o plaza Javier Fernández Quesada. Tampoco se ha sabido a ciencia cierta quién lo asesinó durante la carga de la Guardia Civil con fuego real contra los huelguistas que acababan de abandonar una asamblea en el campus central de la Universidad. El caso se archivó y nunca hubo proceso penal.
Fuente: La Opinión de Tenerife
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