El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ya tiene en su poder los nombres de 200 canarios víctimas de la represión franquista, según ha informado la vicepresidenta de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de Gran Canaria, Balbina Sosa. Junto con su homóloga en Tenerife, Mercedes Pérez Schwartz, trabajan fuerte en estas fechas para hacer llegar a Garzón en lo sucesivo más casos de desaparecidos, cuya identidad pueda confirmarse con total seguridad.
"Es muy difícil dar cifras; muchos casos aún no están investigados y no queremos inflar las listas sin rigor", explica Balbina Sosa. Sin embargo, algunos investigadores canarios, como Ramiro Rivas, aseguran que hay "pruebas fehacientes" que constatan que en Canarias desaparecieron más de 2.600 personas en estos años de represión. "Muchas fueron arrojadas al mar, por lo que muchos cuerpos nunca se recuperarán", apunta este profesor de Secundaria de Tenerife que se ha especializado en la Guerra Civil.
La mayor parte de estas personas residían en Tenerife y Gran Canaria. En este último caso, Rivas habla de más de mil asesinados, mientras que "de la prisión de Fyfes (Tenerife) se llevaron a 1.650 personas entre septiembre de 1936 y febrero de 1937". El grueso de la investigación realizada se centra en testimonios orales de familiares y de la información obtenida con dificultad en los archivos de la Guardia Civil, explica este especialista.
Las presidentas de estas asociaciones insisten en la necesidad de actuar con prudencia en las investigaciones sobre las identidades de estos desaparecidos y dónde pueden encontrarse sus cuerpos. En algunos casos, como en Fuencaliente, La Palma, (con los 13 exhumados), o en los municipios grancanarios de Gáldar, Agaete o Arucas, además de los enterrados en la fosa del cementerio de San Juan, en La Laguna, existe una gran seguridad sobre la identidad de las personas cuyos restos fueron enterrados en estos lugares.
"Aún existe miedo a hablar después de tantos años", afirma Pérez Schwartz, quien apunta que la mayoría de las familias apoya la causa de estas asociaciones, pero hay algunas que prefieren mantener silencio. Sin esta colaboración será muy difícil averiguar dónde están sus familiares desaparecidos.
Coincide con ella uno de los expertos en memoria histórica de Canarias, Alfredo Mederos, quien ha investigado los casos de los 10 enterrados en San Juan, La Laguna, y facilitado esta información a las asociaciones. "Es una vergüenza para la democracia que ese miedo haya persistido", comenta. "La represión fue terrible y planificada con violencia para paralizar al enemigo, especialmente dura con los afiliados a partidos y sindicatos contrarios al régimen franquista", añade Mederos.
Las asociaciones de Tenerife y Gran Canaria seguirán trabajando en estos meses con ahínco para trasladar con seguridad más nombres al juez Garzón. No están conformes por completo con la Ley de Memoria Histórica, pero aseguran que "algo es algo y menos es lo que teníamos hasta ahora", dice Balbina Sosa.
"Es muy difícil dar cifras; muchos casos aún no están investigados y no queremos inflar las listas sin rigor", explica Balbina Sosa. Sin embargo, algunos investigadores canarios, como Ramiro Rivas, aseguran que hay "pruebas fehacientes" que constatan que en Canarias desaparecieron más de 2.600 personas en estos años de represión. "Muchas fueron arrojadas al mar, por lo que muchos cuerpos nunca se recuperarán", apunta este profesor de Secundaria de Tenerife que se ha especializado en la Guerra Civil.
La mayor parte de estas personas residían en Tenerife y Gran Canaria. En este último caso, Rivas habla de más de mil asesinados, mientras que "de la prisión de Fyfes (Tenerife) se llevaron a 1.650 personas entre septiembre de 1936 y febrero de 1937". El grueso de la investigación realizada se centra en testimonios orales de familiares y de la información obtenida con dificultad en los archivos de la Guardia Civil, explica este especialista.
Las presidentas de estas asociaciones insisten en la necesidad de actuar con prudencia en las investigaciones sobre las identidades de estos desaparecidos y dónde pueden encontrarse sus cuerpos. En algunos casos, como en Fuencaliente, La Palma, (con los 13 exhumados), o en los municipios grancanarios de Gáldar, Agaete o Arucas, además de los enterrados en la fosa del cementerio de San Juan, en La Laguna, existe una gran seguridad sobre la identidad de las personas cuyos restos fueron enterrados en estos lugares.
"Aún existe miedo a hablar después de tantos años", afirma Pérez Schwartz, quien apunta que la mayoría de las familias apoya la causa de estas asociaciones, pero hay algunas que prefieren mantener silencio. Sin esta colaboración será muy difícil averiguar dónde están sus familiares desaparecidos.
Coincide con ella uno de los expertos en memoria histórica de Canarias, Alfredo Mederos, quien ha investigado los casos de los 10 enterrados en San Juan, La Laguna, y facilitado esta información a las asociaciones. "Es una vergüenza para la democracia que ese miedo haya persistido", comenta. "La represión fue terrible y planificada con violencia para paralizar al enemigo, especialmente dura con los afiliados a partidos y sindicatos contrarios al régimen franquista", añade Mederos.
Las asociaciones de Tenerife y Gran Canaria seguirán trabajando en estos meses con ahínco para trasladar con seguridad más nombres al juez Garzón. No están conformes por completo con la Ley de Memoria Histórica, pero aseguran que "algo es algo y menos es lo que teníamos hasta ahora", dice Balbina Sosa.
Fuente: El Día
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