Miguel Ángel Díaz Palarea, abogado laboralista y miembro de la histórica Confederación Canaria de Trabajadores (CCT), anunció ayer que elevará de inmediato un recurso ante la Audiencia Nacional requiriendo la reapertura de la causa por el asesinato del estudiante Javier Fernández Quesada en la Universidad de La Laguna, cuyo 30 aniversario se conmemoró el pasado 12 de diciembre.
Palarea se ampara en que los asesinatos "de esta naturaleza" no prescriben al ser reconocidos por las leyes como delitos de lesa humanidad. Además, él es parte afectada pues, como miembro de la CCT aquel diciembre de 1977, fue detenido durante las movilizaciones que siguieron a la muerte del joven grancanario, junto con otros cinco líderes sindicalistas más. Relató que él estuvo 40 días en la antigua cárcel de Santa Cruz y que los seis arrestados protagonizaron una huelga de hambre durante 22 jornadas que los llevó al hospital.
"Queremos que de una vez por todas se sepa la verdad y que los responsables de aquel asesinato paguen las consecuencias", manifestó el abogado a este diario. Díaz Palarea mostró su indignación por las declaraciones de Luis Mardones, hasta hace unas semanas diputado de CC en el Congreso y aquel 1977 gobernador civil de Tenerife y, por tanto, responsable de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Mardones declaró el martes a Radio Club Tenerife que "nunca se demostró" que el disparo que acabó con la vida de Javier Fernández procediera de la Guardia Civil e insinuó que pudo haber pistoleros inmersos en los llamados sectores en lucha que actuaron aquel día.
"Son increíbles semejantes argumentos cuando decenas de testigos confirmaron que la Guardia Civil irrumpió indiscriminadamente en el campus de la Universidad disparando fuego real. De hecho, se recogieron más de un centenar de casquillos", explicó Palarea, para añadir. "Se hicieron tan pocos esfuerzos por conocer la verdad y depurar responsabilidades que 30 años después sigue sin haber una aclaración oficial". El abogado recordó que la comisión parlamentaria constituida al efecto "no tuvo legitimidad, como tampoco la tendría ahora, para resolver la autoría y las consecuencias penales de cualquier hecho", que la misma comisión rechazó la teoría conspirativa de un supuesto francotirador que defendió el partido en aquel entonces de Mardones (UCD) y que los juzgados de La Laguna se inhibieron pues en aquella transición los hechos que afectaban a la Guardia Civil se resolvían por la justicia militar. Y por esa vía el caso se archivó sin más.
Palarea subrayó que ningún testigo avaló la tesis de una mano negra y, sin embargo, todos sí dejaron claro que los guardias dispararon a los huelguistas que acababan de salir de una asamblea. "Mardones sabe lo que pasó. Habría que averiguar oficialmente quién dio la orden, además de quién disparó", señaló Palarea, quien dijo que, además de la reapertura, acudirá a la vía civil "para que Mardones se retracte de sus palabras".
La familia de Fernández Quesada, consultada por este diario, manifestó que no descarta solicitar también la reapertura del caso, más después de oír las declaraciones del ex diputado, que le han causado una gran repulsa, y de que la muerte de Javier quedase fuera de las medidas de reparación de la recientemente aprobada Ley de la Memoria Histórica. "Ni siquiera se dignaron en pedirnos perdón", dijo un representante de la familia.
Palarea se ampara en que los asesinatos "de esta naturaleza" no prescriben al ser reconocidos por las leyes como delitos de lesa humanidad. Además, él es parte afectada pues, como miembro de la CCT aquel diciembre de 1977, fue detenido durante las movilizaciones que siguieron a la muerte del joven grancanario, junto con otros cinco líderes sindicalistas más. Relató que él estuvo 40 días en la antigua cárcel de Santa Cruz y que los seis arrestados protagonizaron una huelga de hambre durante 22 jornadas que los llevó al hospital.
"Queremos que de una vez por todas se sepa la verdad y que los responsables de aquel asesinato paguen las consecuencias", manifestó el abogado a este diario. Díaz Palarea mostró su indignación por las declaraciones de Luis Mardones, hasta hace unas semanas diputado de CC en el Congreso y aquel 1977 gobernador civil de Tenerife y, por tanto, responsable de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Mardones declaró el martes a Radio Club Tenerife que "nunca se demostró" que el disparo que acabó con la vida de Javier Fernández procediera de la Guardia Civil e insinuó que pudo haber pistoleros inmersos en los llamados sectores en lucha que actuaron aquel día.
"Son increíbles semejantes argumentos cuando decenas de testigos confirmaron que la Guardia Civil irrumpió indiscriminadamente en el campus de la Universidad disparando fuego real. De hecho, se recogieron más de un centenar de casquillos", explicó Palarea, para añadir. "Se hicieron tan pocos esfuerzos por conocer la verdad y depurar responsabilidades que 30 años después sigue sin haber una aclaración oficial". El abogado recordó que la comisión parlamentaria constituida al efecto "no tuvo legitimidad, como tampoco la tendría ahora, para resolver la autoría y las consecuencias penales de cualquier hecho", que la misma comisión rechazó la teoría conspirativa de un supuesto francotirador que defendió el partido en aquel entonces de Mardones (UCD) y que los juzgados de La Laguna se inhibieron pues en aquella transición los hechos que afectaban a la Guardia Civil se resolvían por la justicia militar. Y por esa vía el caso se archivó sin más.
Palarea subrayó que ningún testigo avaló la tesis de una mano negra y, sin embargo, todos sí dejaron claro que los guardias dispararon a los huelguistas que acababan de salir de una asamblea. "Mardones sabe lo que pasó. Habría que averiguar oficialmente quién dio la orden, además de quién disparó", señaló Palarea, quien dijo que, además de la reapertura, acudirá a la vía civil "para que Mardones se retracte de sus palabras".
La familia de Fernández Quesada, consultada por este diario, manifestó que no descarta solicitar también la reapertura del caso, más después de oír las declaraciones del ex diputado, que le han causado una gran repulsa, y de que la muerte de Javier quedase fuera de las medidas de reparación de la recientemente aprobada Ley de la Memoria Histórica. "Ni siquiera se dignaron en pedirnos perdón", dijo un representante de la familia.
Fuente: La Opinión de Tenerife
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