La Asociación Tinerfeña de Amigos para la Naturaleza presentará hoy en el tribunal de lo Contencioso-Administrativo de la capital sendos recursos contra la Dirección General de Costas y el Ayuntamiento de Santa Cruz, en los que se solicita la paralización de las obras de ordenación del frente de la playa de Las Teresitas, que fueron licitadas la semana pasada. ATAN justifica esta acción en el incumplimiento de la Ley de Costas que "prohíbe expresamente cualquier actuación si previamente no se ha fijado el deslinde del dominio público marítimo terrestre, lo que aún no se ha hecho en el frente de Las Teresitas", explicó el portavoz de la asociación, Eustaquio Villalba.
Villalba destaca que la propia Ley de Costas establece los términos de deslinde por encima del nivel de pleamar y "en este caso, la mayor parte del frente de playa son terrenos ganados al mar". ATAN aporta como prueba de este hecho fotos anteriores a la construcción de la playa artificial y cartografía de la época "que demuestran que estos terrenos que ha comprado el Ayuntamiento de Santa Cruz jamás han sido propiedad de ningún particular sino que constituyen dominio público".
El único expediente existente en la actualidad relativo al deslinde es la propuesta de la Demarcación de Costas de Tenerife, que aún no ha aprobado la Dirección General y que, según ATAN, "fue pactada con el Ayuntamiento de Santa Cruz y que también hemos impugnado porque privatiza, al dejar fuera del dominio público, los espacios ganados al mar". Villalba explica que los escritos que se presentarán hoy denuncian la acción del Ayuntamiento de Santa Cruz, que habría comprado solares de dominio público, y de la Dirección General de Costas, organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, "por anunciar obras dentro de la playa cuando la propia Ley de Costas establece que las intervenciones a realizar por las administraciones públicas no podrán ejecutarse sin que exista un deslinde aprobado". Aunque inicialmente estaba previsto que estos recursos se presentaran ayer, Villalba informó de que "razones de la procuradora han obligado a retrasarlo hasta hoy". Además, ninguno de los denunciados ha respondido al requerimiento, que constituye el proceso habitual previo a la presentación de un recurso contencioso-administrativo, que ya se les había hecho llegar a mediados de este mes.
La asociación ecologista ya se quejaba en julio de esta situación, por la que "los ciudadanos hemos tenido que pagar más de 57 millones de euros por unos terrenos de ignorada superficie, dada la inexistencia del deslinde con el dominio público". Además, destacaban que "la Ley de Costas incluye todos los terrenos ganados al mar, lo que ocurre en la mayor parte del frente de la actual playa, por lo que son inalienables e inembargables, como dice la Constitución". Además, la asociación ecologista afirma que el proyecto que se quiere ejecutar en la zona, que se ha adjudicado a la empresa Acciona, requiere una declaración de impacto ambiental que tampoco existe.
Villalba destaca que la propia Ley de Costas establece los términos de deslinde por encima del nivel de pleamar y "en este caso, la mayor parte del frente de playa son terrenos ganados al mar". ATAN aporta como prueba de este hecho fotos anteriores a la construcción de la playa artificial y cartografía de la época "que demuestran que estos terrenos que ha comprado el Ayuntamiento de Santa Cruz jamás han sido propiedad de ningún particular sino que constituyen dominio público".
El único expediente existente en la actualidad relativo al deslinde es la propuesta de la Demarcación de Costas de Tenerife, que aún no ha aprobado la Dirección General y que, según ATAN, "fue pactada con el Ayuntamiento de Santa Cruz y que también hemos impugnado porque privatiza, al dejar fuera del dominio público, los espacios ganados al mar". Villalba explica que los escritos que se presentarán hoy denuncian la acción del Ayuntamiento de Santa Cruz, que habría comprado solares de dominio público, y de la Dirección General de Costas, organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, "por anunciar obras dentro de la playa cuando la propia Ley de Costas establece que las intervenciones a realizar por las administraciones públicas no podrán ejecutarse sin que exista un deslinde aprobado". Aunque inicialmente estaba previsto que estos recursos se presentaran ayer, Villalba informó de que "razones de la procuradora han obligado a retrasarlo hasta hoy". Además, ninguno de los denunciados ha respondido al requerimiento, que constituye el proceso habitual previo a la presentación de un recurso contencioso-administrativo, que ya se les había hecho llegar a mediados de este mes.
La asociación ecologista ya se quejaba en julio de esta situación, por la que "los ciudadanos hemos tenido que pagar más de 57 millones de euros por unos terrenos de ignorada superficie, dada la inexistencia del deslinde con el dominio público". Además, destacaban que "la Ley de Costas incluye todos los terrenos ganados al mar, lo que ocurre en la mayor parte del frente de la actual playa, por lo que son inalienables e inembargables, como dice la Constitución". Además, la asociación ecologista afirma que el proyecto que se quiere ejecutar en la zona, que se ha adjudicado a la empresa Acciona, requiere una declaración de impacto ambiental que tampoco existe.
Fuente: La Opinión de Tenerife
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