Luis Mardones, que recientemente dejó su puesto como diputado nacional de Coalición Canaria, ha sido citado a declarar por el juzgado de primera instancia número 5 de Santa Cruz de Tenerife al admitir en parte una demanda interpuesta por la Confederación Canaria de Trabajadores (CCT) en relación con el asesinato, el 12 de diciembre de 1977, del joven estudiante Javier Fernández Quesada durante una carga de la Guardia Civil en la Universidad de La Laguna. El auto fijó para el miércoles la intervención de Mardones, pero su toma de declaración ha sido pospuesta por defectos formales, según declaró a este periódico el abogado de la CCT, Miguel Ángel Díaz Palarea.
El político retirado ha sido reclamado por la justicia para aclarar sus declaraciones del pasado 29 de enero, realizadas a Radio Club Tenerife, en las que dijo que no quedó probado que los disparos de la Guardia Civil fueran los causantes de la muerte del universitario grancanario y que el hecho pudo ser responsabilidad de francotiradores asociados a los llamados sectores en lucha, que se encontraban movilizados aquellos días, y entre los que estaba la CCT.
La intención de Palarea es obtener una aclaración por parte de Luis Mardones de esas declaraciones por si, como ha admitido el juzgado de primera instancia número 5, pudieran ser constitutivas de un delito de calumnias. Hay que recordar que Mardones era aquel 12 de diciembre de 1977 gobernador civil de Santa Cruz de Tenerife y, por tanto, responsable de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Se da la circunstancia de que incomprensiblemente ni el proceso judicial, ni el militar, ni la comisión parlamentaria que investigó aquellos hechos resolvieron las responsabilidades penales y, por tanto, el asesinato de Javier Fernández Quesada quedó impune. El abogado de la CCT, que participó en aquellas movilizaciones sindicales, quiere ahora reabrir el caso por diferentes vías al entender que es un delito de lesa humanidad que no prescribe. Primero ha comenzado con esta demanda de conciliación y ahora estudia diversos recursos para requerir la documentación oficial recientemente desclasificada y, en última instancia, acudir a la Audiencia Nacional.
Detalles inéditos en "Canarii"
El auto del juzgado de primera instancia tinerfeño no admite sin embargo la petición de declaración de otras personas relacionadas con aquellos sucesos, como Antonio Bethencourt Massieu, en aquel entonces rector de la ULL; Luis Fajardo, que era diputado socialista, fue miembro de la comisión de investigación parlamentaria y, a la vez, testigo directo de la carga policial; o altos mandos de la Guardia Civil y el Ejército. Palarea, no obstante, aclaró que ha recurrido la inadmisión en los casos de Massieu y Fajardo, al tratarse de testimonios que pueden ser importantes para la reapertura del caso.
Mardones había sido citado en principio a declarar precisamente el mismo día, miércoles, que la Fundación Canaria Archipiélago 2021 presentaba en el colegio San Fernando una edición especial de la revista Canarii que detalla por primera vez las actas secretas de la comisión de investigación parlamentaria en 1978. El historiador Sergio Millares y el periodista Julián Ayala reconocieron en este acto que las actas acaban de ser desclasificadas justo al cumplirse el 30 aniversario de aquellos sucesos y que logró el equipo de Román Rodríguez, ex diputado de Nueva Canarias.
Fuente: La Opinión de Tenerife
El político retirado ha sido reclamado por la justicia para aclarar sus declaraciones del pasado 29 de enero, realizadas a Radio Club Tenerife, en las que dijo que no quedó probado que los disparos de la Guardia Civil fueran los causantes de la muerte del universitario grancanario y que el hecho pudo ser responsabilidad de francotiradores asociados a los llamados sectores en lucha, que se encontraban movilizados aquellos días, y entre los que estaba la CCT.
La intención de Palarea es obtener una aclaración por parte de Luis Mardones de esas declaraciones por si, como ha admitido el juzgado de primera instancia número 5, pudieran ser constitutivas de un delito de calumnias. Hay que recordar que Mardones era aquel 12 de diciembre de 1977 gobernador civil de Santa Cruz de Tenerife y, por tanto, responsable de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Se da la circunstancia de que incomprensiblemente ni el proceso judicial, ni el militar, ni la comisión parlamentaria que investigó aquellos hechos resolvieron las responsabilidades penales y, por tanto, el asesinato de Javier Fernández Quesada quedó impune. El abogado de la CCT, que participó en aquellas movilizaciones sindicales, quiere ahora reabrir el caso por diferentes vías al entender que es un delito de lesa humanidad que no prescribe. Primero ha comenzado con esta demanda de conciliación y ahora estudia diversos recursos para requerir la documentación oficial recientemente desclasificada y, en última instancia, acudir a la Audiencia Nacional.
Detalles inéditos en "Canarii"
El auto del juzgado de primera instancia tinerfeño no admite sin embargo la petición de declaración de otras personas relacionadas con aquellos sucesos, como Antonio Bethencourt Massieu, en aquel entonces rector de la ULL; Luis Fajardo, que era diputado socialista, fue miembro de la comisión de investigación parlamentaria y, a la vez, testigo directo de la carga policial; o altos mandos de la Guardia Civil y el Ejército. Palarea, no obstante, aclaró que ha recurrido la inadmisión en los casos de Massieu y Fajardo, al tratarse de testimonios que pueden ser importantes para la reapertura del caso.
Mardones había sido citado en principio a declarar precisamente el mismo día, miércoles, que la Fundación Canaria Archipiélago 2021 presentaba en el colegio San Fernando una edición especial de la revista Canarii que detalla por primera vez las actas secretas de la comisión de investigación parlamentaria en 1978. El historiador Sergio Millares y el periodista Julián Ayala reconocieron en este acto que las actas acaban de ser desclasificadas justo al cumplirse el 30 aniversario de aquellos sucesos y que logró el equipo de Román Rodríguez, ex diputado de Nueva Canarias.
Fuente: La Opinión de Tenerife
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