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El mismo documento acusa de que "el poder del lobby empresarial es enorme y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) acumula reclamaciones de los promotores que han puesto cemento en la costa por un valor que asciende a 1.500 millones de euros".
Además, destaca que "Canarias ostenta el dudoso honor de ser la Comunidad Autónoma que, junto a Andalucía, tiene más alcaldes y concejales en el punto de mira de la justicia por su implicación en tramas de corrupción urbanística" y que "frente a la corrupción, la actuación de la justicia puede traer un poco de cordura a las políticas que se están llevando a cabo en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, La Palma o La Gomera, que incluyen la construcción de nuevos complejos turísticos, campos de golf y puertos deportivos". A esto añade que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias anulando una veintena de licencias de hoteles dadas por los Ayuntamientos de Yaiza y Teguise, en plena moratoria, y aseveran que "esto contribuye a acabar con la sensación de impunidad tan extendida por las islas y debe ser un punto de inflexión para que no se repitan las ilegalidades en el Archipiélago".
Los ecologistas también remarcan el "grave problema de contaminación costera y marina a la que se enfrentan las Islas Canarias ya que los propios informes de Medio Ambiente del Gobierno canario hablan de más de 200 vertidos ilegales repartidos por las siete islas" a lo que se suma la amenaza de los buques petroleros que circulan por estas aguas.
Fuente: La Opinión de Tenerife
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