La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha acordado mantener la suspensión cautelar de la orden aprobada el pasado mes de febrero por el Gobierno de Canarias para eliminar del Catálogo de Especies Amenazadas del Archipiélago a la población de la especie marina Cymodocea nodosa que entorpecía la construcción del puerto de Granadilla. Esta decisión implica la paralización de las obras del puerto industrial granadillero hasta que se dirima la denuncia interpuesta por la federación Ben Magec Ecologistas en Acción sobre la supuesta ilegalidad de esa descatalogación.
El controvertido auto de suspensión hecho público ayer da un espaldarazo a las tesis de los ecologistas y de los científicos que reclamaban a los tribunales que garantizaran la protección del sebadal mientras se dirime si fue legal o no su descatalogación, con el fin de evitar el daño irreversible que se produciría si, por ejemplo, se vertía tierra sobre esa población de sebadales para construir el puerto de Granadilla.
En cambio, esta decisión judicial supone un duro varapalo para los representantes de la Autoridad Portuaria y del Gobierno canario que han participado y respaldado el procedimiento llevado a cabo para desproteger los sebadales granadilleros, varapalo que se acentúa aún más al no haber prosperado su pretensión de que la suspensión de dicha descatalogación quedara condicionada a que Ben Magec tuviera que depositar una fianza de 31 millones de euros ante los daños y perjuicios que acarrearía la paralización de las obras del puerto.
A ese respecto, el TSJC considera que exigir una fianza "supondría gravar a la entidad actora con las consecuencias derivadas de un proceso en el que la acción ejercitada y la pretensión procesal, en defensa de los intereses colectivos que representa la federación, no se dirige a parar una obra pública sino a que se anule y deje sin efecto una orden departamental de descatalogación en una determinada área de una especie protegida".
Por último, este acuerdo judicial también representa un serio revés para las administraciones, organismos y sectores empresariales y económicos que apoyan la construcción del puerto, sobre todo porque el pasado día 13 celebraban con júbilo el hecho de haber podido comenzar al fin la construcción de esta infraestructura que, ahora, vuelve a estar paralizada de forma indefinida.
El controvertido auto de suspensión hecho público ayer da un espaldarazo a las tesis de los ecologistas y de los científicos que reclamaban a los tribunales que garantizaran la protección del sebadal mientras se dirime si fue legal o no su descatalogación, con el fin de evitar el daño irreversible que se produciría si, por ejemplo, se vertía tierra sobre esa población de sebadales para construir el puerto de Granadilla.
En cambio, esta decisión judicial supone un duro varapalo para los representantes de la Autoridad Portuaria y del Gobierno canario que han participado y respaldado el procedimiento llevado a cabo para desproteger los sebadales granadilleros, varapalo que se acentúa aún más al no haber prosperado su pretensión de que la suspensión de dicha descatalogación quedara condicionada a que Ben Magec tuviera que depositar una fianza de 31 millones de euros ante los daños y perjuicios que acarrearía la paralización de las obras del puerto.
A ese respecto, el TSJC considera que exigir una fianza "supondría gravar a la entidad actora con las consecuencias derivadas de un proceso en el que la acción ejercitada y la pretensión procesal, en defensa de los intereses colectivos que representa la federación, no se dirige a parar una obra pública sino a que se anule y deje sin efecto una orden departamental de descatalogación en una determinada área de una especie protegida".
Por último, este acuerdo judicial también representa un serio revés para las administraciones, organismos y sectores empresariales y económicos que apoyan la construcción del puerto, sobre todo porque el pasado día 13 celebraban con júbilo el hecho de haber podido comenzar al fin la construcción de esta infraestructura que, ahora, vuelve a estar paralizada de forma indefinida.
Fuente: La Opinión de Tenerife
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